En una anterior entrega en Trafkintu, llamada Crear una Alternativa desde América Latina, escrita y pensada en un tiempo “pandémico” con incertidumbres repetidas hasta el hartazgo, expuse ciertas líneas de análisis para el desarrollo de programas progresistas de gobierno que se inspiren en las experiencias emergentes de los territorios, pero sobre todo que den respuestas concretas al principal problema de Latinoamérica y el Caribe, el crecimiento exponencial de la brecha entre quienes tienen más y lxs que menos tienen, lxs pobres.

Luego del golpe económico, psicológico, social y político de la pandemia de la coronavirus a nivel mundial, se fue configurando un escenario donde se agudizan ciertas posiciones sobre como abarcar los secuelas del confinamiento: por un lado quienes entienden que no se puede ver este virus escindido de un modelo de producción irracional que explota recursos finitos de manera infinita, y quienes ven en la covid-19 una oportunidad de usufructo hacia países que más están sufriendo los efectos de este fenómeno, hablamos de estrategias que lejos de liberar patentes y democratizar el acceso a la vacuna mundialmente como forma de detener el virus, están creando nuevas vacunas para variantes específicas, que se crean justamente por no poder vacunar masivamente a las poblaciones, forjando así un círculo vicioso donde los que más tienen no solo siguen acumulando riqueza sino que lo hacen descaradamente a costa del sufrimiento de naciones y frente a la vista del planeta entero (1).

Ésta descarnada forma de expoliar a la humanidad sin reparo tiene su correlato político en ideologías de derecha ultraconservadoras que encuentran cause en personajes dantescos, que esgrimiendo las ideas más antiguas del arco político, aparecen como disruptivos, o mejor dicho, impuestos por los grandes generadores de opinión como tales.

Este escenario obliga a las izquierdas, a los progresismos, ya no solo por las pérdidas electorales, sino como forma de supervivencia democrática e institucional, a nutrirse inevitablemente de nuevas luchas que son las que hoy el Pueblo enarbola y resiste.

En América Latina, la explotación de nuestros recursos naturales ha sido motivo de intervenciones militares y “blandas”, golpes de estado, presidentes autoproclamados, trayendo pobreza y violencia para los Pueblos pero también, destrucción de formas de vida e identidades, modificación de hábitos, enfermedades, migraciones, etc. Es decir, ha trastocado la vida cotidiana de miles de latinoamericanos, que con sus características particulares en cada territorio luchan contra la pérdida de soberanía nacional, viendo sin esperanzas como la política, cooptada por lobbys de todo tipo no quiere si quisiera visibilizar ese sufrimiento y enfrentar a quienes lo producen.

En Argentina, la pandemia estuvo “decorada” por otro flagelo que afecto nuestra salud, sobre todo a quienes habitamos el litoral, pero que se traduce en pérdida de soberanía nacional y por ende, termina siendo un problema productivo, ambiental pero sobre todo político: el 2020 fue un año caracterizado por las quemas de humedales indiscriminadas, un ecocidio que jamás habíamos visto, un avance de formas de producción de monocultivo en detrimento de los suelos, del agua, de las poblaciones locales y de los consumidores en general que poco saben que están comiendo o se está produciendo (2)

El gobierno argentino no quiso estar a la altura de este problema, siendo su única respuesta una foto del ministro de ambiente con una pala “apagando un fuego” y la promesa de faros de conservación, echando culpas a enemigos sin nombre y sin fuerza en el proceder judicial, es decir, una puesta en escena cuando en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba se conocen bien con nombre y apellido a los dueños de las cosas y los intereses detrás de las quemas.



El ministro de ambiente agarrando la pala (3).


La aprobación del uso del trigo genéticamente modificado con tecnología HB4, en nuestro país y en Brasil, anunciado por el Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Julián Domínguez (4), y diseñado por científicos argentinos, otorgaría “resistencia a la sequía” al grano; es decir, el estado no solo niega el ecocidio en humedales y la desaparición paulatina de la Amazonía, sino que financia desde las arcas públicas formas de seguir produciendo a pesar de la bajante histórica del río y la desertificación del suelo. Las marchas realizadas y los 19 proyectos presentados sobre la ley de humedales quedan en el olvido: el gobierno elige, en esta falsa premisa de divisas o medioambiente, dicotomía errada e impuesta por los centros coloniales de poder, las divisas. El agronegocio produce divisas pero no genera empleo, ni tampoco “derrama” riqueza en los territorios donde se produce, siendo ejemplo de esto la provincia de Entre Ríos, sumida en un estancamiento social en comparación a sus hermanas productoras Córdoba y Santa Fe; en contraposición, las experiencias agroecológicas han demostrado que se puede generar empleo en el lugar donde vive la persona, además de poder acceder alimentos de calidad, sanos y a bajo costo ya que el fomento del desarrollo local no permite que se remarquen precios por logística de transporte.

La experiencia de movimientos sociales en este punto es de una acumulación nunca antes vista, y el gobierno nacional debe elegir si sigue desperdiciando procesos valiosos de organización social, o prefiere subsidiar a las multinacionales a través de mano de obra barata, como ha anunciado que hará con los “planes sociales”(5).



Foto Eduardo Bodiño. IG edu_bodi (6).

Más allá del sur

La vivencia en Honduras, tan en boca en los últimos días por la reciente victoria de la primera mujer que ocupará el cargo de presidenta en esa nación es muy diferente, desde el hecho de haber sufrido un golpe de estado en el año 2009 al primer intento de crear una nueva constitución. Tras doce años de dictadura en todos los sentidos: persecución y proscripción política, corrupción, presxs políticxs, asesinatos, escuadrones de la muerte, miseria y migración (7) el pueblo en una capacidad de resiliencia inmensa se volcó a las urnas; Xiomara Castro de Zelaya es la presidenta más votada de la historia de Honduras (8), pero no de forma desesperada o como última opción ante tanta injusticia, sino que se votó a favor de la construcción de una unidad política a la vez que se apoya un programa de gobierno que implica a grandes rasgos, una reforma constitucional, poniendo el eje en un nuevo tipo de derechos, la naturaleza en el centro de la protección pero también de la producción, el trabajo y la sociedad (9).  El asesinato de la lideresa Berta Cáceres, en defensa del agua y contra los represamientos, está todavía muy latente en la historia reciente hondureña, incluso el pedido de justicia, como muestra de hasta donde ha llegado a tensionarse la contradicción sobre las formas de producir y utilizar los bienes que nos brinda la naturaleza; es aquí donde se ve de manera más nítida que éstas son las formas del colonialismo, porque las han sido desde siempre; disfrazando los modos o con palabras más rimbombantes o paradigmas mas persuasivos, la línea es la misma, el interés infinito sobre nuestros recursos finitos (10)




En Perú con su nuevo presidente Pedro Castillo, y en Chile con el candidato favorito Gabriel Boric, también están en escena pública el uso y la explotación de recursos naturales, principalmente los de la minería por sus características geográficas, pero también el uso de la tierra y el trabajo campesino como reivindicación nacional frente a la expoliación capitalista internacional.

Boric ha planteado la nacionalización de la explotación del litio y garantizar mediante derecho constitucional el acceso al agua, problema que más de una vez hemos oído, será “del futuro”, mientras en Chile parecería que el futuro llego, hace rato (11).

La reforma agraria propuesta por el presidente Pedro castillo en Perú parece demorarse por internas políticas del país y del propio partido Perú Libre que todavía no ha permitido al gobernante tomar decisiones trascendentales en el abordaje de la problemática. Aunque ya se ha expresado públicamente en campaña y desde su asunción sobre este tema: “Estos años de abandono han convertido al país en una nación muy dependiente de la importación de insumos y alimentos agropecuarios, lo cual debe culminar”. Otra vez la puesta en tela de juicio de la soberanía nacional por sobre los intereses foráneo sitúa la discusión ambiental en panorama netamente político, donde se juega la defensa de la identidad, de la vida y del país ante el desmedido negocio de expoliación.

El próximo 2022 habrá de elecciones en el gigante Brasil, quien no ha estado exento, con su disruptivo presidente Bolsonaro, de la emergencia del problema ambiental que ha tomado las tapas de importantes diarios del mundo al ser protagonista de la quema imparable de la Amazonia, pulmón del planeta, y el consecuente avance de la frontera agrícola sobre estos territorios. La complejidad de este asunto de agudiza cuando existen comunidades dispuestas a defenderlas; originarias y campesinas han marchado, denunciado y protestado de diversas formas a partir de la radicalización de la deforestación, y no planean detenerse. El candidato favorito para las próximas elecciones, Luiz Inácio Lula Da Silva, se ha mostrado totalmente convencido de que la dimensión ambiental es clave para levantar otra vez a Brasil como una de las 20 potencias del mundo,  en varias oportunidades se lo ha visto a favor de abordar la problemática y en actos políticos con representantes de esos sectores, asimismo ha intercambiado también con recicladores urbanos, para ampliar esta perspectiva fuera del ámbito rural y por ende, la zona de influencia de este discurso.

Otra experiencia pero gobernando es la del hermano pueblo mexicano: en su reciente alocución en el Zócalo, frente a una multitud y al cumplirse 3 años de mandato, AMLO ha dejado claro que no seguirá rifando recursos naturales solo por el hecho de generar divisas, sumamente necesarias es cierto, pero que sin darle valor agregado no fomentan el crecimiento del país, el crecimiento con distribución social claro está; el gobierno de morena ha optado por dinamizar zonas a través del turismo y la protección, incluyendo a las poblaciones locales en estos proyectos (12).

La experiencia en Ecuador, bajo la presidencia de Rafael Correa, con los llamados impuestos verdes (13), el juicio con Chevron donde la corte de La Haya falló a favor de la multinacional dan cuenta del poder que manejan estos sectores pero también de cómo dependen de nuestros recursos para seguir manteniendo sus ganancias (Latinoamérica como la principal región productora de alimentos del mundo), y las posibilidades de maniobras de los gobiernos populares que pretender defender la soberanía.

Empezar a preguntarnos sobre estas formas de producir y sus efectos inmediatos y a largo plazo en nuestra cotidianeidad es un punto de partida no menos importante que toma como vara lo realmente necesario para la vida, si las divisas, el pago de deudas y proyectos faraónicos o el surgimiento de un trabajo que priorice lo local como forma de abordar las migraciones (respuesta de los Pueblos ante las crisis que esta marcando el presente y el futuro), la alimentación sana como derecho, el agua y el buen vivir como inalienables a la condición humana. He aquí el desafío de las izquierdas y los progresismos o el fracaso, la radicalización con pobreza y violencia de los programas de gobiernos futuros, la negación de nuestras diversidades étnicas como fuente inacabable de alternativas desde América Latina y el Caribe.

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